Es la vieja política del "peix al cove" aplicada a la realidad interna catalana. Es ir dando pasos, ganando terreno progresivamente para la exclusión total del castellano de la vida pública, pero de forma no demasiado brusca (no sea que la población castellanoparlante se les revele ante el intento). Se trata de que "surta el efecto sin que se note el empeño". Las consecuencias son claras, la normalització conseguirá hacer de Catalunya un país "normal", esto es, monolingüe.
'Només català' en el Ayuntamiento de Barcelona
AGENCIAS - Barcelona - 27/01/2010
La aprobación se ha producido después de que se resolvieran las alegaciones en la Comisión de Presidencia, Territorio y Función Pública. En un principio se hablaba del "uso preferente", pero una enmienda de ERC llevó a la imposición del catalán.
En la comisión, el primer teniente de alcalde de Bienestar y Cohesión Territorial, Carles Martí (PSC), destacó que está "plenamente convencido"de la idoneidad del reglamento, porque, según él, "bebe directamente"del Estatut de 2006.
El edil de CiU Jaume Ciurana celebró el texto pese a que llega con al menos 10 años de retraso, y lamentó que en la comisión de seguimiento del reglamento no puedan participar representantes de los grupos de la oposición. También reclamó al bipartito "los medios, recursos y todos los esfuerzos y voluntad firme" para adaptar el texto a la vida municipal.
La concejal del PP Angels Esteller criticó que la nueva normativa conlleva la "expulsión de facto" del castellano y la "exclusión de mucha gente", por lo que reclamó un Consistorio bilingüe.
Con la nueva normativa el consistorio deberá usar obligatoriamente el catalán en su funcionamiento interno y que todas las comunicaciones y documentos que emita a terceros -incluso a otros puntos de España- deberán como mínimo incluir el catalán.
"El país y la ciudad es suficientemente madura para entender que el catalán debe tener una presencia segura en la capital del país y de uso preferente en relación a las otras lenguas", ha explicado el líder de ERC en el Ayuntamiento, Jordi Portabella.
Fuente: El País