NANDO GARCIA
BARCELONA.- El director general de la Policía catalana, Rafael Olmos, ha sancionado con tres meses de suspensión de empleo y sueldo y el traslado obligatorio con la posible reducción de sueldo a un cabo de los Mossos d'Esquadra de Girona que fue obligado a traducir al catalán unas diligencias que previamente había redactado en castellano. En la resolución, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, se afirma que el policía desobedeció una orden de su superior, lo que es calificado como una «falta de carácter grave». No obstante, el cabo tradujo las diligencias tras recibir un mandamiento por escrito, aunque se olvidó de la carátula, que se quedó en castellano.
Esta sanción se produce justo en un momento en el que el cuerpo de la Policía autonómica está en el punto de mira por una sentencia de la Audiencia de Barcelona que ha condenado a varios agentes por torturar a un detenido que confundieron con un atracador y, sobre todo, después de hacerse público el enfrentamiento que mantiene la Judicatura de Barcelona con los Mossos d'Esquadra tras la información de este diario de que una juez de instrucción que estaba ebria quiso aprovecharse de su cargo para eludir un control de alcoholemia.
Un portavoz de la Policía catalana explicó ayer que la sanción tiene en cuenta que no era la primera vez que el cabo se negaba a traducir unas diligencias al catalán, aunque no hay prueba de esta afirmación más allá de la declaración de los superiores del policía sancionado.
La División de Asuntos Internos abrió un expediente al cabo, que también redactaba atestados en catalán, después de que éste se negara en un principio a traducir unas diligencias porque consideró que la orden vulneraba su derecho a la libertad de expresión. El caso de este policía, que hace más de diez años que pertenece al cuerpo y que es nacido en Cataluña, se remonta al mes de agosto de 2007. El policía, adscrito a la Unidad de Investigación de Gerona, fue el instructor de las diligencias llevadas a cabo por la detención del director de una sucursal de Caja Madrid de Girona y dos asesores por gestionar la concesión de créditos hipotecarios a inmigrantes con escasa solvencia para la adquisición de viviendas y a los que cobraban, sin su consetimiento, comisiones ilegales que oscilaban entre los 20.000 y 40.000 euros.
El mosso sancionado redactó los atestados en castellano sin que se produjera incidencia alguna. Sin embargo, después de que escribiera unas diligencias ampliatorias en la misma lengua, empezaron los problemas. El subinspector y jefe de la unidad de investigación le ordenó verbalmente que tradujera al catalán los documentos.Indignado, el cabo le pidió que lo hiciera por escrito. Y minutos después le entregó la orden: «Le pido nuevamente (por escrito a petición suya), que los documentos que redacte como funcionario del cuerpo y en el ejercicio de sus funciones que sean dirigidos a personas físicas o jurídicas residentes en el ámbito lingüístico catalán los haga en lengua catalana, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a recibirlas en castellano si lo piden».
El cabo, que posee el nivel C de catalán aunque por su rango únicamente se le exige el B, tradujo finalmente las diligencias, pero se dejó la carátula y algunas diligencias en castellano.
La resolución señala que «no se puede olvidar que la obediencia, la disciplina y el sentido del deber son las calidades que definen y distinguen a una institución armada como el cuerpo de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra» y hace hincapié en que cuando acató la orden se olvidó de «la carátula y las diligencias de antecedentes y de remisión, las cuales constan en lengua castellana, sin ninguna justificación».
No obstante, lo que originó la apertura de un expediente de Asuntos Internos fue que presentó una queja contra la orden que actualmente está pendiente de un recurso que debe resolver el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Tras conocerse el caso, las formaciones políticas de Ciutadans y del PP criticaron severamente la polémica orden.
Saura ya anunció mano dura
BARCELONA.- El conseller d'Interior de la Generalitat de Cataluña, Joan Saura, compareció en marzo en el Parlament para defender que se investigara al policía por negarse a traducir al catalán unas diligencias. El conseller leyó textualmente en la cámara catalana los artículos del decreto que avala que las actuaciones internas sean en catalán dentro de la Administración y afirmó que si 20 agentes incumplen la normativa, otros tantos «serán expedientados».
Joan Saura recordó entonces que el único caso en el que un miembro de los Mossos puede utilizar el castellano es cuando así lo requiere el ciudadano.
El conseller compareció en el Parlament para tratar sobre esta cuestión a petición del portavoz adjunto de Ciutadans, José Domingo.Ambos mantuvieron una agria discusión que fue subiendo paulatinamente de tono. Mientras que para el miembro de Ciutadans, la actitud del Departament d'Interior de la Generalitat no tenía otro nombre que el «totalitarismo», el conseller le replicó asegurando que un Estado democrático se basa en las leyes y la normativa dicta que se debe usar el catalán dentro de la Administración e incluso le explicó al diputado que podía hablar en castellano en el Parlament de Catalunya, tal y como efectivamente hizo el diputado de Ciutadans.
El cabo denunció acoso laboral
BARCELONA.- El cabo de los Mossos que fue obligado a traducir al catalán unas diligencias que había redactado previamente en castellano aseguró en su momento que sufría acoso laboral. Por ejemplo, explicó que empezó a sufrir continuos cambios de horario a pesar de que tenía concedida la reducción de jornada por maternidad de su pareja. Estas modificaciones se produjeron después de que había recurrido la orden recibida.
Además de los cambios de horario, los superiores jerárquicos del cabo fueron apartándole paulatinamente de los casos relevantes, cuando hasta entonces era uno de los policías más reconocidos de su unidad.
Este policía deberá entregar -según la extensa resolución de 18 páginas- el arma reglamentaria y no podrá utilizar el uniforme ni acudir a las dependencias del cuerpo de los Mossos d'Esquadra sin autorización.
La sanción desoye una por una las alegaciones del cabo y tampoco tiene en cuenta que incluso los superiores del policía apartado del cuerpo redactaron informes en castellano porque «se desconoce el motivo y las circunstancias por las cuales estos oficios fueron redactados» en esta lengua. Lo importante -según el expediente-, es que el cabo «desobedeció» las órdenes que le dieron.
Fuente: El Mundo
BARCELONA.- El director general de la Policía catalana, Rafael Olmos, ha sancionado con tres meses de suspensión de empleo y sueldo y el traslado obligatorio con la posible reducción de sueldo a un cabo de los Mossos d'Esquadra de Girona que fue obligado a traducir al catalán unas diligencias que previamente había redactado en castellano. En la resolución, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, se afirma que el policía desobedeció una orden de su superior, lo que es calificado como una «falta de carácter grave». No obstante, el cabo tradujo las diligencias tras recibir un mandamiento por escrito, aunque se olvidó de la carátula, que se quedó en castellano.
Esta sanción se produce justo en un momento en el que el cuerpo de la Policía autonómica está en el punto de mira por una sentencia de la Audiencia de Barcelona que ha condenado a varios agentes por torturar a un detenido que confundieron con un atracador y, sobre todo, después de hacerse público el enfrentamiento que mantiene la Judicatura de Barcelona con los Mossos d'Esquadra tras la información de este diario de que una juez de instrucción que estaba ebria quiso aprovecharse de su cargo para eludir un control de alcoholemia.
Un portavoz de la Policía catalana explicó ayer que la sanción tiene en cuenta que no era la primera vez que el cabo se negaba a traducir unas diligencias al catalán, aunque no hay prueba de esta afirmación más allá de la declaración de los superiores del policía sancionado.
La División de Asuntos Internos abrió un expediente al cabo, que también redactaba atestados en catalán, después de que éste se negara en un principio a traducir unas diligencias porque consideró que la orden vulneraba su derecho a la libertad de expresión. El caso de este policía, que hace más de diez años que pertenece al cuerpo y que es nacido en Cataluña, se remonta al mes de agosto de 2007. El policía, adscrito a la Unidad de Investigación de Gerona, fue el instructor de las diligencias llevadas a cabo por la detención del director de una sucursal de Caja Madrid de Girona y dos asesores por gestionar la concesión de créditos hipotecarios a inmigrantes con escasa solvencia para la adquisición de viviendas y a los que cobraban, sin su consetimiento, comisiones ilegales que oscilaban entre los 20.000 y 40.000 euros.
El mosso sancionado redactó los atestados en castellano sin que se produjera incidencia alguna. Sin embargo, después de que escribiera unas diligencias ampliatorias en la misma lengua, empezaron los problemas. El subinspector y jefe de la unidad de investigación le ordenó verbalmente que tradujera al catalán los documentos.Indignado, el cabo le pidió que lo hiciera por escrito. Y minutos después le entregó la orden: «Le pido nuevamente (por escrito a petición suya), que los documentos que redacte como funcionario del cuerpo y en el ejercicio de sus funciones que sean dirigidos a personas físicas o jurídicas residentes en el ámbito lingüístico catalán los haga en lengua catalana, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a recibirlas en castellano si lo piden».
El cabo, que posee el nivel C de catalán aunque por su rango únicamente se le exige el B, tradujo finalmente las diligencias, pero se dejó la carátula y algunas diligencias en castellano.
La resolución señala que «no se puede olvidar que la obediencia, la disciplina y el sentido del deber son las calidades que definen y distinguen a una institución armada como el cuerpo de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra» y hace hincapié en que cuando acató la orden se olvidó de «la carátula y las diligencias de antecedentes y de remisión, las cuales constan en lengua castellana, sin ninguna justificación».
No obstante, lo que originó la apertura de un expediente de Asuntos Internos fue que presentó una queja contra la orden que actualmente está pendiente de un recurso que debe resolver el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Tras conocerse el caso, las formaciones políticas de Ciutadans y del PP criticaron severamente la polémica orden.
Saura ya anunció mano dura
BARCELONA.- El conseller d'Interior de la Generalitat de Cataluña, Joan Saura, compareció en marzo en el Parlament para defender que se investigara al policía por negarse a traducir al catalán unas diligencias. El conseller leyó textualmente en la cámara catalana los artículos del decreto que avala que las actuaciones internas sean en catalán dentro de la Administración y afirmó que si 20 agentes incumplen la normativa, otros tantos «serán expedientados».
Joan Saura recordó entonces que el único caso en el que un miembro de los Mossos puede utilizar el castellano es cuando así lo requiere el ciudadano.
El conseller compareció en el Parlament para tratar sobre esta cuestión a petición del portavoz adjunto de Ciutadans, José Domingo.Ambos mantuvieron una agria discusión que fue subiendo paulatinamente de tono. Mientras que para el miembro de Ciutadans, la actitud del Departament d'Interior de la Generalitat no tenía otro nombre que el «totalitarismo», el conseller le replicó asegurando que un Estado democrático se basa en las leyes y la normativa dicta que se debe usar el catalán dentro de la Administración e incluso le explicó al diputado que podía hablar en castellano en el Parlament de Catalunya, tal y como efectivamente hizo el diputado de Ciutadans.
El cabo denunció acoso laboral
BARCELONA.- El cabo de los Mossos que fue obligado a traducir al catalán unas diligencias que había redactado previamente en castellano aseguró en su momento que sufría acoso laboral. Por ejemplo, explicó que empezó a sufrir continuos cambios de horario a pesar de que tenía concedida la reducción de jornada por maternidad de su pareja. Estas modificaciones se produjeron después de que había recurrido la orden recibida.
Además de los cambios de horario, los superiores jerárquicos del cabo fueron apartándole paulatinamente de los casos relevantes, cuando hasta entonces era uno de los policías más reconocidos de su unidad.
Este policía deberá entregar -según la extensa resolución de 18 páginas- el arma reglamentaria y no podrá utilizar el uniforme ni acudir a las dependencias del cuerpo de los Mossos d'Esquadra sin autorización.
La sanción desoye una por una las alegaciones del cabo y tampoco tiene en cuenta que incluso los superiores del policía apartado del cuerpo redactaron informes en castellano porque «se desconoce el motivo y las circunstancias por las cuales estos oficios fueron redactados» en esta lengua. Lo importante -según el expediente-, es que el cabo «desobedeció» las órdenes que le dieron.
Fuente: El Mundo
